Si el Alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, pretende que Santander llegue a ser capital cultural europea en 2016 debería empezar por cumplir las indicaciones de la Comisión Europea. Esta Comisión, a través de su comisaria responsable de Interior, Cecilia Malmström, ha dejado claro que no pueden inscribirse inmigrantes ilegales en el censo dejando en evidencia la política desarrollada en este aspecto por el gobierno español con la colaboración de los ayuntamientos. Malmström ha dejado claro que una vez que se tiene conocimiento de la presencia en cada territorio de personas de terceros países en situación irregular, los estados no son ya libres de tolerar esa situación, debiendo iniciar los procedimientos de retorno. A su vez deja a la elección de cada estado el nivel administrativo que se encargará de realizar esos trámites. Iñigo de la Serna y su equipo, que ya rechazaron cualquier competencia en materia de inmigración en escrito dirigido al Frente Nacional, cosa que hace más sorprendente aún la importante cantidad de dinero del Presupuesto que dedica a este capítulo, tiene la obligación como administración de poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno los datos de aquellas personas que pidan el empadronamiento en la ciudad de Santander careciendo de los documentos que acrediten su estancia legal en España, y si no lo hace estará eludiendo su deber como administración. En ese caso el Frente Nacional se reserva las acciones que considere necesarias tanto a nivel nacional como ante las autoridades europeas que han dejado claro que no se puede inscribir en el censo a quien no resida legalmente en el país.