El 4 de marzo de 2009, el Presidente Revilla, el Consejero Mediavilla y demás autoridades inauguraron la nueva sede del Servicio de Emergencias, el conocido como 112. En dicho edificio prestan servicio los teleoperadores de las empresas CEE SERTEL y SERTEL, que son los encargados de recibir las llamadas y su gestión posterior. CEE SERTEL, como centro especial de empleo, tenía contratadas para este servicio a personas con alguna discapacidad reconocida, entre otras a la actual Coordinadora del Servicio que, en su momento, por mediación del entonces responsable, José Mª Obregón, pasó a depender del SEMCA, al parecer sin pasar por oposición, siendo, desde su actual puesto la que hace y deshace en cuanto a personal se refiere.Resulta cuando menos paradójico que la nueva sede del Servicio de Emergencias, para los que Presidente del Gobierno y Consejero de Justicia, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración del mismo, no han escatimado elogios, no cumpla la normativa en cuanto a condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones contenidos en la ley 51/ 2003 de 2 de diciembre; el Real Decreto 505/2007 de 20 de abril y la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero.
Faltan itinerarios accesibles que comuniquen con las plazas accesibles de aparcamiento, entre otras cosas porque tales plazas no existen; no hay espacio para el acceso en silla de ruedas; no hay medio alternativo para desplazarse entre las dos plantas pues carece de ascensor, a pesar de tener el hueco reservado para el mismo, según señaló el propio Consejero el ya lejano día de la inauguración; carece de aseos accesibles, a pesar de ser un edificio de nueva planta, del mismo modo que carece de salida de emergencia.
Estas deficiencias, unidas a una más que discutible política de personal, donde la mayor parte de los operarios con alguna discapacidad acreditada está siendo no renovada en beneficio de personal sin discapacidad, atendiendo a criterios poco claros que parecen tener, según nos han hecho saber alguno de los perjudicados, más que ver con las filias y fobias de la Coordinadora que con criterios estrictamente laborales o de mérito.
Desde el Frente Nacional nos parece increíble que un organismo público como el 112, que debiera predicar con el ejemplo, esté al margen de la legalidad en aspectos que atañen directamente a los trabajadores, máxime cuando éstos precisan garantías suplementarias como son los que padecen algún tipo de discapacidad. Es por ello que exigimos al Consejero de Justicia que se ponga manos a la obra y subsane estas vergonzosas deficiencias lo antes posible, las técnicas y las otras. Las primeras las hará obligado por la Inspección de Trabajo que hoy mismo ha girado visita a la instalación, las otras dependen exclusivamente de él.
