Tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 del TSJC por la que se reconocía el derecho de los ganaderos a realizar por su cuenta contraanálisis cuando no estuvieran de acuerdo con los resultados de los análisis hechos por la Consejería de Ganadería en las campañas oficiales de saneamiento, no le queda al ejecutivo cántabro más salida que un cambio de rumbo radical en esta materia.Son ya muchos casos de falta de claridad en la gestión,unidos a la clara incompetencia, como dejó claro la Fiscalía en el asunto Lagunilla. El Tribunal Supremo ha venido a dejar claro de una vez por todas que los ganaderos cántabros estaban en absoluta indefensión ante la Administración Regional, empecinada en ser juez y parte en unas campañas de sanidad que llevaban al matadero animales en muchos casos presumiblemente sanos, sin opción a que el ganadero pudiera acceder a una segunda opinión debidamente acreditada. Ahora toca indemnizar por el despropósito y esperar qué pasa con todos aquellos que sin haber denunciado se han podido ver perjudicados por esta práctica dictatorial y fuera de lugar de la Consejería que mal dirige Oria. Es fácil pisotear los derechos de los trabajadores cuando los platos rotos no los paga uno y, el que ya es conocido en ciertos ambientes ganaderos como el Menguele de la cabaña cántabra, es buen ejemplo de ello.
Esperemos que el consejero del PRC, partido que pasará a la historia regional como elliquidador final de nuestra cabaña ganadera, tenga un gesto de hombría y no espere a que futuros asuntos le aparten de la política cuando sea ya demasiado tarde. No debemos olvidar que también está bajo investigación de la Fiscalía, a instancias del Frente Nacional, por el asunto de las subvenciones a la OPECA, que podría acabar en una imputación por malversación.
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